Jorge Andrés Santini Padilla aspira a ser gobernador de Puerto Rico. Desde que en las elecciones de 2000 logró terminar con el control de San Juan por el Partido Popular Democrático (1989-2000), el recién revalidado alcalde se ubicó en posición de honrar la tradición que, desde hace 40 años, es sinónimo de dirigir la primera ciudad del País: asaltar, electoralmente hablando, la gobernación de Puerto Rico desde el atalaya sanjuanero.
Desde que Carlos Romero Barceló (alcalde, 1969-1976) lo lograra en 1976, San Juan se convirtió por años en el virtual trampolín a la gobernación boricua. Tras él sus sucesores en el cargo, sin excepción, han tratado de catapultarse desde la alcaldía localizada en la Plaza de Armas del Viejo San Juan, al Palacio de Santa Catalina, ubicado a sólo pasos al principio de la Calle Fortaleza. Sila M. Calderón Serra (alcaldesa, 2001-2004) dio el salto con éxito. Otros han fracasado: Hernán Padilla Ramírez (1977-1984); Baltazar Corrada del Río (1985-1988); Héctor Luis Acevedo Pérez (1989-1996).
Consciente de esta dinámica histórica, y a pesar de las continuas promesas electorales de los aspirantes a la alcaldía de que no buscarán saltar a la primera oportunidad a La Fortaleza, el electorado sanjuanero se niega a convertirse en territorio electoralmente seguro para los partidos políticos. En este sentido, San Juan ha desarrollado una tradición electoral que lo aleja de la seguida por los grandes bastiones tales como Bayamón, Mayagüez, Carolina, Caguas y, hasta muy reciente, Ponce.
A los largos años de control por el PPD bajo Felisa Rincón Marrero (1946-1968), siguió un período casi igualmente extenso bajo los novoprogresistas Romero Barceló, Padilla Ramírez y Corrada del Río (1968-1988). Tras la victoria del popular Acevedo Pérez por alrededor de apenas 30 votos en las elecciones de 1988, los triunfos electorales en San Juan se caracterizan por ser relativamente apretados, teniendo en cuenta el tamaño poblacional de la ciudad capital. Así, tenemos que Acevedo Pérez revalidó en 1992 por menos de 2000 votos, mientras que Calderón Serra triunfaba por alrededor de 6,000 votos en 1996.
El denominador común a lo largo de las últimas 4 décadas de gobierno en San Juan, lo ha sido el oportunismo electoral, consistente en esperar desde la alcaldía a que el gobernador de turno sea del partido contrario, para retarlo. Romero Barceló y Acevedo Pérez completaron dos términos cada uno como alcalde, enfrentando el primero a Rafael Hernández Colón en 1976, mientras que el segundo hacía lo propio frente a Pedro Rosselló González 20 años después, en 1996. Calderón Serra esperó sólo 4 años para sentir “el llamado del Pueblo”, que sirve de tradicional justificación para dejar atrás la alcaldía, y retar a Carlos I. Pesquera Morales en el 2000. La excepción histórica lo es el novoprogresista Padilla Ramírez, quien estimó llegada su hora en 1984, ante el apretado triunfo de Romero Barceló por apenas 3,000 votos en 1980.
Estos vaivenes electorales nos traen ahora de regreso a la curiosa y sin precedentes situación en que se encuentra el actual alcalde. En las elecciones de 2000, Santini Padilla derrotó al popular Eduardo Bhatia Gautier por menos de 4,000 votos. A su vez, el ascenso a la gobernación de Calderón Serra creó la situación propicia para que Santini Padilla invocara “el llamado del Pueblo”. Sin embargo, la aspiración de Pesquera Morales para un nuevo intento a la gobernación, en unión a la irrupción en el escenario político del “retirado” Rosselló González, frenaron al alcalde. Éste optó por revalidar en San Juan, derrotando nuevamente a Bhatia Gautier en el 2004, esta vez por menos de 6,000 votos.
Mirando desde el presente, la mejor ventana de oportunidad para Santini Padilla buscar La Fortaleza, se cerró con las elecciones de 2004. Si se hubiese lanzado entonces al ruedo, habría competido en primarias contra un candidato ya derrotado (Pesquera Morales) y otro “retirado” (Rosselló González). De haber prevalecido en la primaria novoprogresista, habría tenido la gran oportunidad de romper el ciclo de poder electoral de 8 años de los dos partidos principales, al enfrentar al muy debilitado PPD de Aníbal Acevedo Vilá en el 2004. A su vez, el triunfo de Acevedo Vilá ese año, y el de Luis Fortuño Burset en el 2008, confirman una nueva realidad histórica: los adelantos tecnológicos en las comunicaciones y en la transportación aérea, han transformado la Oficina de la Comisaría Residente en Washington, del exilio político que siempre había sido, en la nueva gran plataforma de lanzamiento hacia la gobernación del País.
Esta dinámica histórica podría explicar el alineamiento de Santini Padilla tras la candidatura de Rosselló González en la primaria novoprogresista de marzo de 2008, y sus fieros ataques contra Fortuño Burset en aquel momento. Con Rosselló González de nuevo en la gobernación, Santini Padilla podía razonablemente esperar que el veterano gladiador novoprogresista ocupase La Fortaleza por un sólo cuatrienio, convirtiendo al alcalde en su “heredero aparente” para las elecciones de 2012. Los aplastantes triunfos de Fortuño Burset en marzo y noviembre de 2008, sin embargo, presagian un nuevo ciclo de 8 años de control electoral por el PNP que, salvo imprevistos siempre posibles, alejan al alcalde de San Juan de la gobernación de Puerto Rico, al menos hasta el 2016.
En un dato histórico que no deja de ser irónico, en las elecciones de 2008 el electorado sanjuanero premió a su alcalde con su victoria más holgada, 12,000 votos de ventaja, tal vez en reconocimiento a ser el primero en 40 años que aspira a un tercer término. Ésta, y las otras dinámicas históricas ya discutidas, son las que se encargarán de mantener las aspiraciones futuras del alcalde de San Juan, prisioneras en su jaula de cristal.
sábado 20 de diciembre de 2008
Gelpí versus Taft
El 10 de noviembre de 2008, el juez federal Gustavo A. Gelpí emitió una decisión que requiere inmediata atención. Su emisión, a pocos días de producirse uno de los triunfos electorales más aplastantes del anexionismo boricua, no se antoja casual, ni tiene por qué serlo.
A lo largo de más de 110 años de coloniaje por los Estados Unidos, los sistemas judiciales existentes en nuestro País, tanto el propiamente puertorriqueño como el federal estadounidense, han servido de vehículos para formular mensajes que pretenden influir en la relación de sumisión colonial que vivimos frente a los Estados Unidos. La decisión que hoy discutimos no es, pues, la primera, ni probablemente sea la última, que veamos.
En términos sencillos, el juez Gelpí declaró a Puerto Rico como un territorio ya “incorporado” a los Estados Unidos. En su decisión de 30 páginas, el magistrado analizó la relación de dominio que los Estados Unidos creo sobre Puerto Rico, desde la invasión de 1898. Expuso que los Estados Unidos le dieron un trato distinto a Puerto Rico, en comparación con las Islas Filipinas, en las cuales nunca se creó un tribunal federal estadounidense, ya que estaban destinadas a la independencia, como eventualmente ocurrió.
Por el contrario, razonó el juez Gelpí, los Estados Unidos recrearon las instituciones de gobierno puertorriqueñas “a imagen y semejanza” de las de los estados federados, al punto que el gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro País dejó de ser uno “temporal”. El juez citó diversos ejemplos sobre cómo la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos se ha ido “fortaleciendo”, incluyendo las muestras de “lealtad” de los boricuas, gesto que le ha ganado a varios hijos de este País la distinción de recibir nombramientos de alto nivel en el gobierno federal estadounidense.
En conclusión, razonó el magistrado, el racismo (así lo dice) que motivó los llamados Casos Insulares decididos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a principios del Siglo 20, y que culmina con Balzac vs. Porto Rico de 1922, ha cedido ante una “incorporación por evolución” de Puerto Rico a los Estados Unidos. Por ende, el juez rechaza que la situación actual del País sea comparable a la de Guantánamo en Cuba. A su vez, concluye que la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Boumediene vs. Bush justifica su conclusión de que Puerto Rico está ya incorporado, aunque el Congreso no lo haya declarado expresamente.
Retrocedamos ahora 90 años. A raíz de la imposición de la ciudadanía estadounidense en 1917, tanto el Tribunal federal en Puerto Rico como nuestro Tribunal Supremo, resolvieron que ese suceso en efecto había “incorporado” nuestro País a los Estados Unidos. Ambas decisiones fueron revocadas sumariamente por el Tribunal Supremo estadounidense, en 1918. Este escenario es el que da paso a que en 1922, el entonces Juez Presidente William H. Taft escriba la decisión unánime de Balzac vs. Porto Rico, declarando la muerte de la teoría de incorporación implícita que hoy resucita el juez Gelpí.
En Balzac, los abogados argumentaron exactamente la misma teoría de incorporación implícita, enumerando los numerosos estatutos legales hasta entonces aprobados por el Congreso en torno a Puerto Rico incluyendo, por supuesto, la ciudadanía estadounidense. Ayer, al igual que hoy, en Balzac se presentó también como argumento a favor de la incorporación, que el tribunal federal estadounidense en Puerto Rico era igual que el de los otros estados. Al rechazar esos argumentos, el Juez Presidente Taft sentó la pauta que hoy rige la relación colonial: la de que se requiere una manifestación expresa de parte del Congreso, para incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos. Como ya discutimos en una columna previa con ese mismo nombre, en la decisión de Boumediene vs. Bush los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos coincidieron, 86 años después, en la vigencia del caso Balzac. Y lo hicieron, nuevamente, de manera unánime.
El ánimo racista de 1922 que el juez Gelpí correctamente identifica y denuncia, en el 2008 se ha transformado en la noción de que los “asuntos extraterritoriales se rigen por consideraciones prácticas y factores objetivos”, según resuelto en Boumediene vs. Bush. Dicho de otra manera, el hecho de que el racismo no sea ya un factor predominante, no ha privado a la doctrina de los Casos Insulares de su valor medular: servir a los Estados Unidos de justificación jurídica para canalizar aquellos aspectos de su política exterior que pueda resultar repulsiva a la comunidad internacional, trátese del coloniaje, como es el caso de Puerto Rico, o de la violación de la integridad territorial de otros países soberanos, como es el caso de Guantánamo, Cuba. La palabra clave, por supuesto, es “extraterritorial”.
El voto solitario del juez Gelpí va en rumbo de colisión contra una doctrina sancionada por 18 jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que ha legitimado por más de un siglo la facultad de ese país para ejercer control colonial total e indefinido sobre nuestro Pueblo. Un control que, en palabras de uno de los jueces estadounidenses que participaron en los Casos Insulares, permite al Congreso mantener a Puerto Rico “como una sombra incorpórea, en un estado intermedio de existencia ambigua por un período indefinido; y aún más, que una vez sea rescatada de ese limbo, su destino quede sujeto a la absoluta voluntad del Congreso, en menosprecio de las disposiciones constitucionales”.
A lo largo de más de 110 años de coloniaje por los Estados Unidos, los sistemas judiciales existentes en nuestro País, tanto el propiamente puertorriqueño como el federal estadounidense, han servido de vehículos para formular mensajes que pretenden influir en la relación de sumisión colonial que vivimos frente a los Estados Unidos. La decisión que hoy discutimos no es, pues, la primera, ni probablemente sea la última, que veamos.
En términos sencillos, el juez Gelpí declaró a Puerto Rico como un territorio ya “incorporado” a los Estados Unidos. En su decisión de 30 páginas, el magistrado analizó la relación de dominio que los Estados Unidos creo sobre Puerto Rico, desde la invasión de 1898. Expuso que los Estados Unidos le dieron un trato distinto a Puerto Rico, en comparación con las Islas Filipinas, en las cuales nunca se creó un tribunal federal estadounidense, ya que estaban destinadas a la independencia, como eventualmente ocurrió.
Por el contrario, razonó el juez Gelpí, los Estados Unidos recrearon las instituciones de gobierno puertorriqueñas “a imagen y semejanza” de las de los estados federados, al punto que el gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro País dejó de ser uno “temporal”. El juez citó diversos ejemplos sobre cómo la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos se ha ido “fortaleciendo”, incluyendo las muestras de “lealtad” de los boricuas, gesto que le ha ganado a varios hijos de este País la distinción de recibir nombramientos de alto nivel en el gobierno federal estadounidense.
En conclusión, razonó el magistrado, el racismo (así lo dice) que motivó los llamados Casos Insulares decididos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a principios del Siglo 20, y que culmina con Balzac vs. Porto Rico de 1922, ha cedido ante una “incorporación por evolución” de Puerto Rico a los Estados Unidos. Por ende, el juez rechaza que la situación actual del País sea comparable a la de Guantánamo en Cuba. A su vez, concluye que la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Boumediene vs. Bush justifica su conclusión de que Puerto Rico está ya incorporado, aunque el Congreso no lo haya declarado expresamente.
Retrocedamos ahora 90 años. A raíz de la imposición de la ciudadanía estadounidense en 1917, tanto el Tribunal federal en Puerto Rico como nuestro Tribunal Supremo, resolvieron que ese suceso en efecto había “incorporado” nuestro País a los Estados Unidos. Ambas decisiones fueron revocadas sumariamente por el Tribunal Supremo estadounidense, en 1918. Este escenario es el que da paso a que en 1922, el entonces Juez Presidente William H. Taft escriba la decisión unánime de Balzac vs. Porto Rico, declarando la muerte de la teoría de incorporación implícita que hoy resucita el juez Gelpí.
En Balzac, los abogados argumentaron exactamente la misma teoría de incorporación implícita, enumerando los numerosos estatutos legales hasta entonces aprobados por el Congreso en torno a Puerto Rico incluyendo, por supuesto, la ciudadanía estadounidense. Ayer, al igual que hoy, en Balzac se presentó también como argumento a favor de la incorporación, que el tribunal federal estadounidense en Puerto Rico era igual que el de los otros estados. Al rechazar esos argumentos, el Juez Presidente Taft sentó la pauta que hoy rige la relación colonial: la de que se requiere una manifestación expresa de parte del Congreso, para incorporar a Puerto Rico a los Estados Unidos. Como ya discutimos en una columna previa con ese mismo nombre, en la decisión de Boumediene vs. Bush los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos coincidieron, 86 años después, en la vigencia del caso Balzac. Y lo hicieron, nuevamente, de manera unánime.
El ánimo racista de 1922 que el juez Gelpí correctamente identifica y denuncia, en el 2008 se ha transformado en la noción de que los “asuntos extraterritoriales se rigen por consideraciones prácticas y factores objetivos”, según resuelto en Boumediene vs. Bush. Dicho de otra manera, el hecho de que el racismo no sea ya un factor predominante, no ha privado a la doctrina de los Casos Insulares de su valor medular: servir a los Estados Unidos de justificación jurídica para canalizar aquellos aspectos de su política exterior que pueda resultar repulsiva a la comunidad internacional, trátese del coloniaje, como es el caso de Puerto Rico, o de la violación de la integridad territorial de otros países soberanos, como es el caso de Guantánamo, Cuba. La palabra clave, por supuesto, es “extraterritorial”.
El voto solitario del juez Gelpí va en rumbo de colisión contra una doctrina sancionada por 18 jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que ha legitimado por más de un siglo la facultad de ese país para ejercer control colonial total e indefinido sobre nuestro Pueblo. Un control que, en palabras de uno de los jueces estadounidenses que participaron en los Casos Insulares, permite al Congreso mantener a Puerto Rico “como una sombra incorpórea, en un estado intermedio de existencia ambigua por un período indefinido; y aún más, que una vez sea rescatada de ese limbo, su destino quede sujeto a la absoluta voluntad del Congreso, en menosprecio de las disposiciones constitucionales”.
jueves 27 de noviembre de 2008
"La mordaza"
En nuestro acervo educativo, existen muchos buenos libros sobre la Historia de Puerto Rico. Hay dos, sin embargo, que poseen para mí un valor especial, por tratarse de textos que tuvieron el atrevimiento, por así decirlo, de “abrirle los ojos” a quienes los leen, al punto de uno pensar que el Puerto Rico en el que vivimos no es el que nosotros nos imaginábamos. Uno es “La isla desencantada” (“The Desenchanted Island”) de Ronald Fernández. El otro, es el que le da título a esta columna, de la historiadora Ivonne Acosta Lespier, mismo que acaba se salir este año en su quinta edición.
La obra de Acosta Lespier no es un libro de lectura liviana. Es una obra que formula un relato metódico, y hasta cierto punto doloroso, sobre cómo el “gobierno insular”, crecientemente controlado por el Partido Popular Democrático y en claro contubernio con el gobierno de los Estados Unidos, aprobó legislación que convertía en delito el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de asociación de todo aquél que abogara por la soberanía de Puerto Rico.
Hasta las elecciones de 1944, el partido político que representaba la independencia, electoralmente hablando, lo era el PPD. El Partido Independentista Puertorriqueño, nacido a raíz del decreto por Luis Muñoz Marín de que no se podía ser popular e independentista al mismo tiempo, se organizó con miras a competir en las elecciones de 1948; las primeras en que los puertorriqueños elegiríamos a nuestro propio gobernador.
El PIP de aquel entonces no es el que conocemos hoy en día. Se trataba de una organización política con amplia representación en la Asamblea Legislativa, en control de numerosas alcaldías, y contando con una amplia base electoral. Su mensaje era igualmente claro: liberación nacional mediante métodos pacíficos. Conforme a la tesis de Acosta Lespier, su potencial electoral fue visto con preocupación tanto por los Estados Unidos como por el PPD, por considerársele una seria amenaza al proyectado “pacto entre pueblos” que “con el carácter de un convenio” se fraguaba con miras a eliminar a Puerto Rico del listado de países todavía sometidos al coloniaje: el Estado Libre Asociado.
A esos fines, y durante la madrugada del 21 de mayo de 1948, la Asamblea Legislativa controlada por el PPD aprobó la legislación que de inmediato causó intimidación en todo aquél que albergara sentimientos independentistas. Aparte de que el propio lenguaje de la ley causaba ese efecto, el “gobierno insular” creó las condiciones para que la Policía y otros representantes de “la ley y el orden” comenzaran a recopilar “evidencia” contra los potenciales infractores de esa legislación.
Tradicionalmente, se ha teorizado que las leyes que componían “la mordaza”, bautizada así por el legislador anexionista Leopoldo Figueroa, llevaban por objetivo reprimir al Partido Nacionalista que dirigía Pedro Albizu Campos. El trabajo de Acosta Lespier reta esa noción, exponiendo convincentemente dos propósitos fundamentales detrás de “la mordaza”. El primero, en términos cronológicos, era acorralar al nacionalismo hasta llevarlo, como finalmente ocurrió, a la Insurrección de octubre de 1950 y la Demostración Armada en el Congreso, en 1954. El segundo, amedrentar, en un principio, a los seguidores del PIP y a sus potenciales simpatizantes con la mera existencia de la legislación, para luego, utilizando como excusa la violencia nacionalista, encarcelar además al liderato pipiolo e incluso a sus seguidores. El objetivo de la “la mordaza” era, pues, evidente: erosionar hasta la aniquilación al entonces naciente, poderoso y amenazante Partido Independentista Puertorriqueño que podía dar al traste con la creación del ELA en 1952.
En efecto, más que reprimir al nacionalismo, “la mordaza” habría tenido como designio primario intimidar al electorado soberanista del PPD que migraba masivamente o que amenazaba con hacerlo, hacia el PIP. Su objetivo a corto plazo habría sido crear las condiciones de tirantez social necesarias para provocar que los nacionalistas recurrieran al alzamiento armado, dado el convencimiento entre sus filas de que de todas formas, tarde o temprano, serían encarcelados por el “gobierno insular”. La lección fundamental que, pues, nos lega Acosta Lespier es una que, no por ser estremecedora, deja de ser cierta: bajo la sombra de la democracia estadounidense y durante el apogeo de la Guerra Fría, los administradores locales de uno de sus territorios no incorporados promovieron las condiciones jurídicas y sociales que propiciaron el alzamiento armado del ala revolucionaria del ideal soberanista en ese territorio, con las miras puestas a liquidar a la aún más amenazante pero pacifista ala de ese mismo ideal.
Las cicatrices que nos dejó “la mordaza”, aún hoy en día, son perceptibles. Si bien el auto-reconocimiento de Puerto Rico como una nación ha dado paso a gestos que, en tiempos de “la mordaza”, habrían sido considerados subversivos – tales como exhibir una bandera puertorriqueña – la llaga del miedo al ejercicio de la soberanía plena, todavía supura. Ello explica en última instancia el desastre electoral pipiolo del 4 de noviembre de 2008. Tal realidad histórica, sin embargo, no puede servir de excusa para justificar, elección tras elección desde hace 40 años, el lastimoso y tragicómico papel de un PIP que, en lugar de enfrentar como en antaño la colonia, se contenta con subsistir de ella.
La obra de Acosta Lespier no es un libro de lectura liviana. Es una obra que formula un relato metódico, y hasta cierto punto doloroso, sobre cómo el “gobierno insular”, crecientemente controlado por el Partido Popular Democrático y en claro contubernio con el gobierno de los Estados Unidos, aprobó legislación que convertía en delito el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de asociación de todo aquél que abogara por la soberanía de Puerto Rico.
Hasta las elecciones de 1944, el partido político que representaba la independencia, electoralmente hablando, lo era el PPD. El Partido Independentista Puertorriqueño, nacido a raíz del decreto por Luis Muñoz Marín de que no se podía ser popular e independentista al mismo tiempo, se organizó con miras a competir en las elecciones de 1948; las primeras en que los puertorriqueños elegiríamos a nuestro propio gobernador.
El PIP de aquel entonces no es el que conocemos hoy en día. Se trataba de una organización política con amplia representación en la Asamblea Legislativa, en control de numerosas alcaldías, y contando con una amplia base electoral. Su mensaje era igualmente claro: liberación nacional mediante métodos pacíficos. Conforme a la tesis de Acosta Lespier, su potencial electoral fue visto con preocupación tanto por los Estados Unidos como por el PPD, por considerársele una seria amenaza al proyectado “pacto entre pueblos” que “con el carácter de un convenio” se fraguaba con miras a eliminar a Puerto Rico del listado de países todavía sometidos al coloniaje: el Estado Libre Asociado.
A esos fines, y durante la madrugada del 21 de mayo de 1948, la Asamblea Legislativa controlada por el PPD aprobó la legislación que de inmediato causó intimidación en todo aquél que albergara sentimientos independentistas. Aparte de que el propio lenguaje de la ley causaba ese efecto, el “gobierno insular” creó las condiciones para que la Policía y otros representantes de “la ley y el orden” comenzaran a recopilar “evidencia” contra los potenciales infractores de esa legislación.
Tradicionalmente, se ha teorizado que las leyes que componían “la mordaza”, bautizada así por el legislador anexionista Leopoldo Figueroa, llevaban por objetivo reprimir al Partido Nacionalista que dirigía Pedro Albizu Campos. El trabajo de Acosta Lespier reta esa noción, exponiendo convincentemente dos propósitos fundamentales detrás de “la mordaza”. El primero, en términos cronológicos, era acorralar al nacionalismo hasta llevarlo, como finalmente ocurrió, a la Insurrección de octubre de 1950 y la Demostración Armada en el Congreso, en 1954. El segundo, amedrentar, en un principio, a los seguidores del PIP y a sus potenciales simpatizantes con la mera existencia de la legislación, para luego, utilizando como excusa la violencia nacionalista, encarcelar además al liderato pipiolo e incluso a sus seguidores. El objetivo de la “la mordaza” era, pues, evidente: erosionar hasta la aniquilación al entonces naciente, poderoso y amenazante Partido Independentista Puertorriqueño que podía dar al traste con la creación del ELA en 1952.
En efecto, más que reprimir al nacionalismo, “la mordaza” habría tenido como designio primario intimidar al electorado soberanista del PPD que migraba masivamente o que amenazaba con hacerlo, hacia el PIP. Su objetivo a corto plazo habría sido crear las condiciones de tirantez social necesarias para provocar que los nacionalistas recurrieran al alzamiento armado, dado el convencimiento entre sus filas de que de todas formas, tarde o temprano, serían encarcelados por el “gobierno insular”. La lección fundamental que, pues, nos lega Acosta Lespier es una que, no por ser estremecedora, deja de ser cierta: bajo la sombra de la democracia estadounidense y durante el apogeo de la Guerra Fría, los administradores locales de uno de sus territorios no incorporados promovieron las condiciones jurídicas y sociales que propiciaron el alzamiento armado del ala revolucionaria del ideal soberanista en ese territorio, con las miras puestas a liquidar a la aún más amenazante pero pacifista ala de ese mismo ideal.
Las cicatrices que nos dejó “la mordaza”, aún hoy en día, son perceptibles. Si bien el auto-reconocimiento de Puerto Rico como una nación ha dado paso a gestos que, en tiempos de “la mordaza”, habrían sido considerados subversivos – tales como exhibir una bandera puertorriqueña – la llaga del miedo al ejercicio de la soberanía plena, todavía supura. Ello explica en última instancia el desastre electoral pipiolo del 4 de noviembre de 2008. Tal realidad histórica, sin embargo, no puede servir de excusa para justificar, elección tras elección desde hace 40 años, el lastimoso y tragicómico papel de un PIP que, en lugar de enfrentar como en antaño la colonia, se contenta con subsistir de ella.
lunes 10 de noviembre de 2008
Post mortem
En agosto de este año ("Puerto Rico, año 2009"), discutimos cómo el ciclo electoral 2004-2008 se asemejaba al de 1980-1984, planteando así un claro triunfo para el anexionista Partido Nuevo Progresista y su candidato a gobernador, Luis Fortuño Burset. Tras los resultados electorales de este pasado martes y habiendo fallecido el proceso electoral de 2008, desacreditadas las encuestas que auguraban un “final cerrado” y despejados los espejismos de las fotos aéreas comparativas de cierres de campaña, procederemos a evaluar algunas de sus connotaciones históricas.
Para comenzar, los resultados confirman la tendencia histórica que coloca al PNP como el movimiento político dominante en Puerto Rico, y el correspondiente agotamiento del Partido Popular Democrático. Un vistazo a los resultados electorales a partir de las elecciones generales de 1972 permite observar que los triunfos del movimiento anexionista son más amplios que los obtenidos por el PPD durante el mismo período. El margen de victoria logrado por el PNP en la candidatura a la gobernación es sólo comparable a los grandes triunfos del PPD de Luis Muñoz Marín, cuarenta años atrás. Lo más parecido en tiempos recientes es el triunfo, precisamente, del PNP en las elecciones de 1996. En esas elecciones, valga apuntar, el PNP bajo Pedro Rosselló González iba para una re-elección, coyuntura en que tradicionalmente el partido oficialista tiende a perder fuerza electoral por razón de desgaste en el ejercicio del poder.
La aplastante derrota infligida al PPD pone de manifiesto que las acusaciones federales contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, aunque fuesen políticamente dañinas, no fueron un factor decisivo. Simple y sencillamente, Acevedo Vilá se encontró al mando del País con un PPD en rápido desgaste tras los cuatro años de la gobernadora Sila Calderón Serra (2001-2004). Añádase a ello la existencia de una crisis económica igual o peor que la confrontada por el gobernador Rafael Hernández Colón (1973-1976), y tienen ustedes una fórmula para el desastre.
Para colmo, la mejor esperanza del PPD, que era enfrentar nuevamente a Rosselló González como candidato oficial del PNP, no se materializó ante la derrota primarista de éste a manos de Fortuño Burset. Si bien considero que esa derrota del ex gobernador fue el clavo final en el ataúd popular, sospecho que Acevedo Vilá habría perdido incluso ante Rosselló González, aunque ciertamente de forma mucho más apretada.
Por otro lado, la barrida novoprogesista se extendió a los distritos senatoriales y representativos. Ello evidencia, al igual que ocurrió en 1984, la enorme insatisfacción del electorado con el llamado “gobierno compartido”. Este tsunami electoral no se extendió a la papeleta municipal, sin embargo, donde el PPD logró vencer en alrededor de 30 alcaldías. Ello tiende a sugerir que el elector ha separado definitivamente la carrera por la gobernación de la municipal, limitando así el control que los partidos pueden ejercer sobre los resultados para las alcaldías, no obstante la demostración de fuerza electoral desplegada por el PNP.
Estas elecciones también dejaron demostrado lo difícil, por no decir casi imposible, que resulta para un candidato sobrevivir fuera de las estructuras partidistas, aunque se trate de un incumbente, como fue el caso de Orlando Parga Figueroa. Por el contrario, permanecer dentro del PNP le ha valido a Jorge de Castro Font la histórica gesta de ser, hasta donde conozco, el primer político que lograr salvar su carrera a pesar de ser acusado por las autoridades federales estadounidenses en plena campaña electoral. Como ya discutimos en una columna previa (“El efecto Medusa”), De Castro Font se encontraba luchando por su vida política, donde otros antes que él vieron petrificarse sus carreras electorales. Podemos suponer que De Castro Font fue salvado por la ola anti-gobierno compartido que desató el electorado. No obstante, y asumiendo que el nuevo Senado novoprogesista no lo expulse del cuerpo, la supervivencia política de De Castro Font al “efecto Medusa” no le permitirá en el futuro inmediato ser algo más que un mero soldado de fila dentro de la infantería anexionista.
Finalmente, cabe comentar el trágico desenlace sufrido por el Partido Independentista Puertorriqueño. Trágico, pero ciertamente no sorpresivo.
Las décadas más recientes de la política puertorriqueña han sido testigos de un partido pro independencia que plantea ser una institución de avanzada y progresista en el ámbito económico, político y social. No obstante su liderato, en comparación con el de los dos partidos principales, ha probado con el correr de los años ser el más estático y hostil en términos de su renovación y apertura, hacia aquellos que no sean hombres blancos con altas credenciales académicas, y en el cual el ascenso de grupos tales como el de las mujeres parece mas bien un desarrollo tardío y forzado por dinámicas similares acontecidas previamente en el PNP y el PPD, e incluso en el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico.
A corto plazo, el fracaso electoral pipiolo parece residir en su prédica de partido del Siglo 21, en contraste con su comportamiento de partido del Siglo 19. Colocar ese fracaso en los hombros del electorado es cerrar los ojos a la realidad de que los partidos políticos existen, precisamente, para competir por el voto. Las razones que, a largo plazo, explican la pasión y muerte del principal instrumento de lucha en pro de la soberanía nacional puertorriqueña, serán objeto de la siguiente columna.
Para comenzar, los resultados confirman la tendencia histórica que coloca al PNP como el movimiento político dominante en Puerto Rico, y el correspondiente agotamiento del Partido Popular Democrático. Un vistazo a los resultados electorales a partir de las elecciones generales de 1972 permite observar que los triunfos del movimiento anexionista son más amplios que los obtenidos por el PPD durante el mismo período. El margen de victoria logrado por el PNP en la candidatura a la gobernación es sólo comparable a los grandes triunfos del PPD de Luis Muñoz Marín, cuarenta años atrás. Lo más parecido en tiempos recientes es el triunfo, precisamente, del PNP en las elecciones de 1996. En esas elecciones, valga apuntar, el PNP bajo Pedro Rosselló González iba para una re-elección, coyuntura en que tradicionalmente el partido oficialista tiende a perder fuerza electoral por razón de desgaste en el ejercicio del poder.
La aplastante derrota infligida al PPD pone de manifiesto que las acusaciones federales contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, aunque fuesen políticamente dañinas, no fueron un factor decisivo. Simple y sencillamente, Acevedo Vilá se encontró al mando del País con un PPD en rápido desgaste tras los cuatro años de la gobernadora Sila Calderón Serra (2001-2004). Añádase a ello la existencia de una crisis económica igual o peor que la confrontada por el gobernador Rafael Hernández Colón (1973-1976), y tienen ustedes una fórmula para el desastre.
Para colmo, la mejor esperanza del PPD, que era enfrentar nuevamente a Rosselló González como candidato oficial del PNP, no se materializó ante la derrota primarista de éste a manos de Fortuño Burset. Si bien considero que esa derrota del ex gobernador fue el clavo final en el ataúd popular, sospecho que Acevedo Vilá habría perdido incluso ante Rosselló González, aunque ciertamente de forma mucho más apretada.
Por otro lado, la barrida novoprogesista se extendió a los distritos senatoriales y representativos. Ello evidencia, al igual que ocurrió en 1984, la enorme insatisfacción del electorado con el llamado “gobierno compartido”. Este tsunami electoral no se extendió a la papeleta municipal, sin embargo, donde el PPD logró vencer en alrededor de 30 alcaldías. Ello tiende a sugerir que el elector ha separado definitivamente la carrera por la gobernación de la municipal, limitando así el control que los partidos pueden ejercer sobre los resultados para las alcaldías, no obstante la demostración de fuerza electoral desplegada por el PNP.
Estas elecciones también dejaron demostrado lo difícil, por no decir casi imposible, que resulta para un candidato sobrevivir fuera de las estructuras partidistas, aunque se trate de un incumbente, como fue el caso de Orlando Parga Figueroa. Por el contrario, permanecer dentro del PNP le ha valido a Jorge de Castro Font la histórica gesta de ser, hasta donde conozco, el primer político que lograr salvar su carrera a pesar de ser acusado por las autoridades federales estadounidenses en plena campaña electoral. Como ya discutimos en una columna previa (“El efecto Medusa”), De Castro Font se encontraba luchando por su vida política, donde otros antes que él vieron petrificarse sus carreras electorales. Podemos suponer que De Castro Font fue salvado por la ola anti-gobierno compartido que desató el electorado. No obstante, y asumiendo que el nuevo Senado novoprogesista no lo expulse del cuerpo, la supervivencia política de De Castro Font al “efecto Medusa” no le permitirá en el futuro inmediato ser algo más que un mero soldado de fila dentro de la infantería anexionista.
Finalmente, cabe comentar el trágico desenlace sufrido por el Partido Independentista Puertorriqueño. Trágico, pero ciertamente no sorpresivo.
Las décadas más recientes de la política puertorriqueña han sido testigos de un partido pro independencia que plantea ser una institución de avanzada y progresista en el ámbito económico, político y social. No obstante su liderato, en comparación con el de los dos partidos principales, ha probado con el correr de los años ser el más estático y hostil en términos de su renovación y apertura, hacia aquellos que no sean hombres blancos con altas credenciales académicas, y en el cual el ascenso de grupos tales como el de las mujeres parece mas bien un desarrollo tardío y forzado por dinámicas similares acontecidas previamente en el PNP y el PPD, e incluso en el Partido Puertorriqueños por Puerto Rico.
A corto plazo, el fracaso electoral pipiolo parece residir en su prédica de partido del Siglo 21, en contraste con su comportamiento de partido del Siglo 19. Colocar ese fracaso en los hombros del electorado es cerrar los ojos a la realidad de que los partidos políticos existen, precisamente, para competir por el voto. Las razones que, a largo plazo, explican la pasión y muerte del principal instrumento de lucha en pro de la soberanía nacional puertorriqueña, serán objeto de la siguiente columna.
domingo 26 de octubre de 2008
El charco de sangre
Es la historia de la que casi nadie habla, a pesar de que está ahí; aún fresca. Los independentistas de todas las tendencias no la conmemoran con el mismo despliegue que el Grito de Lares, a pesar de haber sido una gesta tan o más libertadora que la vivida en tiempos de España. Su aniversario se acerca, pero no será conmemorado, como sí se hace con el 14 de julio en Francia, con el 16 de septiembre en México, o con el 4 de julio en los Estados Unidos. Es lo más cercano que hemos estado a una guerra civil. Su aniversario número 58 se acerca, siendo uno de los sucesos más importantes en la historia de Puerto Rico. Es la Insurrección Nacionalista de 30 de octubre de 1950.
Es imposible cubrir en una columna todos los aspectos sobresalientes de la Insurrección Nacionalista. Para ello, es necesario referirse a las importantes contribuciones de las historiadoras Marisa Rosado y Miñi Seijo Bruno, de cuyos libros sobre el tema expondré algunos detalles.
No puede comprenderse la Insurrección Nacionalista sin a su vez entender los sucesos dramáticos que se registraban en el Puerto Rico de las décadas de 1930 y 1940, gobernado por los Estados Unidos. El Partido Nacionalista de Puerto Rico, bajo la carismática dirección de Pedro Albizu Campos, representaba una seria amenaza al régimen de miseria que imperaba en el País. El auge del nacionalismo boricua se nutrió en aquellos años de la espantosa pobreza y analfabetismo que se ensañaban contra la masa poblacional. La colaboración del oficialista Partido Popular Democrático bajo Luis Muñoz Marín con el gobierno de los Estados Unidos para la creación del Estado Libre Asociado, gatilló los actos de violencia que alcanzaron su plenitud ese 30 de octubre de 1950.
En efecto, y durante unos días dramáticos, combates entre nacionalistas, por un lado, y la Policía y la llamada “Guardia Nacional”, por el otro, tuvieron lugar en Ponce, San Juan, Arecibo, Aibonito, Utuado, Naranjito, Peñuelas y Mayagüez, entre otros pueblos. Fue en Jayuya, sin embargo, donde se daría el epicentro de la lucha. Allí, la nacionalista Blanca Canales Torresola hizó la bandera monoestrallada para proclamar la Segunda República de Puerto Rico. En un acto sin precedentes, la Guardia Nacional, compuesta por puertorriqueños, bombardeó con sus aviones a Jayuya. Testimonios de supervivientes indican que la Policía y la Guardia Nacional tenían órdenes de masacrar a los insurrectos. Un comando nacionalista asaltó La Fortaleza, muriendo allí casi todos sus integrantes, al enfrentarse a tiros con la Policía. La cruenta represión de la Insurrección Nacionalista por el “gobierno insular”, trajo como resultado la muerte de decenas de puertorriqueños, alrededor de cincuenta heridos, y el procesamiento e ingreso a presidio de más de mil, estos últimos por el sólo hecho de ser sospechosos de simpatizar con la independencia para el País.
Siguiendo la norma de que la Historia la escriben los vencedores, el presidente estadounidense Harry S. Truman se refirió al suceso como una mera “pelea entre puertorriqueños”. El gobierno colonial presidido por el PPD, consciente del poder de nombrar las cosas, bautizó oficialmente lo ocurrido como una “revuelta”, degradante y despreciable mote que, aún hoy en día, de vez en cuando se nos escapa de los labios. Quizás, el hallazgo más significativo de los trabajos de Rosado y Seijo Bruno reside en que fue el gobierno del PPD quien hizo detonar la Insurrección el 30 de octubre, mediante arrestos e intervenciones ejecutados por la Policía días antes, contra nacionalistas de Santurce y Ponce.
La Insurrección Nacionalista de octubre de 1950, junto con las masacres de Río Piedras y Ponce de 1935 y 1937 por un lado, y los asesinatos en el Cerro Maravilla de 1979 y de Filiberto Ojeda Ríos en el 2005 por el otro, forman ese gran charco de sangre que marca el período de confrontación armada entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y entre nosotros mismos, en el Siglo 20. Está ahí, en nuestro suelo colectivo. Sabemos que está ahí, pero preferimos evadirlo e ignorarlo cuando lo encontramos en nuestro camino. Hemos optado por conmemorar como Pueblo la gesta de Lares de 1868, como si el charco de sangre no estuviera ahí, clamando por nuestra atención colectiva.
El fin de la Guerra Fría y la derrota de la Marina de Guerra estadounidense en Vieques han dado paso a métodos de lucha que, afortunadamente, hacen innecesaria la violencia física como vehículo de liberación. Miedos colectivos nacidos al calor de la cruenta represión del nacionalismo boricua, tales como el meramente izar la bandera puertorriqueña, han cedido ante el paso del tiempo. Pero el reconocimiento y conmemoración de aquellos que no hicieron sino emular las acciones de un George Washington o un Simón Bolívar, todavía espera.
En estos tiempos presentes, es llegada la hora de que todo el Pueblo puertorriqueño, y no sólo un tímido independentismo, reconozcamos y valoremos a aquellos que sacrificaron su vida, hacienda y libertad por hacer lo que otras naciones, los Estados Unidos inclusive, honran con los suyos. No debemos esperar a que, como ocurrió con el Grito de Lares de 1868, cese el régimen colonial de turno para entonces, y sólo entonces, brindar el debido homenaje. La memoria de los caídos, los sobrevivientes, y nuestra propia conciencia colectiva, así lo requieren.
Es imposible cubrir en una columna todos los aspectos sobresalientes de la Insurrección Nacionalista. Para ello, es necesario referirse a las importantes contribuciones de las historiadoras Marisa Rosado y Miñi Seijo Bruno, de cuyos libros sobre el tema expondré algunos detalles.
No puede comprenderse la Insurrección Nacionalista sin a su vez entender los sucesos dramáticos que se registraban en el Puerto Rico de las décadas de 1930 y 1940, gobernado por los Estados Unidos. El Partido Nacionalista de Puerto Rico, bajo la carismática dirección de Pedro Albizu Campos, representaba una seria amenaza al régimen de miseria que imperaba en el País. El auge del nacionalismo boricua se nutrió en aquellos años de la espantosa pobreza y analfabetismo que se ensañaban contra la masa poblacional. La colaboración del oficialista Partido Popular Democrático bajo Luis Muñoz Marín con el gobierno de los Estados Unidos para la creación del Estado Libre Asociado, gatilló los actos de violencia que alcanzaron su plenitud ese 30 de octubre de 1950.
En efecto, y durante unos días dramáticos, combates entre nacionalistas, por un lado, y la Policía y la llamada “Guardia Nacional”, por el otro, tuvieron lugar en Ponce, San Juan, Arecibo, Aibonito, Utuado, Naranjito, Peñuelas y Mayagüez, entre otros pueblos. Fue en Jayuya, sin embargo, donde se daría el epicentro de la lucha. Allí, la nacionalista Blanca Canales Torresola hizó la bandera monoestrallada para proclamar la Segunda República de Puerto Rico. En un acto sin precedentes, la Guardia Nacional, compuesta por puertorriqueños, bombardeó con sus aviones a Jayuya. Testimonios de supervivientes indican que la Policía y la Guardia Nacional tenían órdenes de masacrar a los insurrectos. Un comando nacionalista asaltó La Fortaleza, muriendo allí casi todos sus integrantes, al enfrentarse a tiros con la Policía. La cruenta represión de la Insurrección Nacionalista por el “gobierno insular”, trajo como resultado la muerte de decenas de puertorriqueños, alrededor de cincuenta heridos, y el procesamiento e ingreso a presidio de más de mil, estos últimos por el sólo hecho de ser sospechosos de simpatizar con la independencia para el País.
Siguiendo la norma de que la Historia la escriben los vencedores, el presidente estadounidense Harry S. Truman se refirió al suceso como una mera “pelea entre puertorriqueños”. El gobierno colonial presidido por el PPD, consciente del poder de nombrar las cosas, bautizó oficialmente lo ocurrido como una “revuelta”, degradante y despreciable mote que, aún hoy en día, de vez en cuando se nos escapa de los labios. Quizás, el hallazgo más significativo de los trabajos de Rosado y Seijo Bruno reside en que fue el gobierno del PPD quien hizo detonar la Insurrección el 30 de octubre, mediante arrestos e intervenciones ejecutados por la Policía días antes, contra nacionalistas de Santurce y Ponce.
La Insurrección Nacionalista de octubre de 1950, junto con las masacres de Río Piedras y Ponce de 1935 y 1937 por un lado, y los asesinatos en el Cerro Maravilla de 1979 y de Filiberto Ojeda Ríos en el 2005 por el otro, forman ese gran charco de sangre que marca el período de confrontación armada entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y entre nosotros mismos, en el Siglo 20. Está ahí, en nuestro suelo colectivo. Sabemos que está ahí, pero preferimos evadirlo e ignorarlo cuando lo encontramos en nuestro camino. Hemos optado por conmemorar como Pueblo la gesta de Lares de 1868, como si el charco de sangre no estuviera ahí, clamando por nuestra atención colectiva.
El fin de la Guerra Fría y la derrota de la Marina de Guerra estadounidense en Vieques han dado paso a métodos de lucha que, afortunadamente, hacen innecesaria la violencia física como vehículo de liberación. Miedos colectivos nacidos al calor de la cruenta represión del nacionalismo boricua, tales como el meramente izar la bandera puertorriqueña, han cedido ante el paso del tiempo. Pero el reconocimiento y conmemoración de aquellos que no hicieron sino emular las acciones de un George Washington o un Simón Bolívar, todavía espera.
En estos tiempos presentes, es llegada la hora de que todo el Pueblo puertorriqueño, y no sólo un tímido independentismo, reconozcamos y valoremos a aquellos que sacrificaron su vida, hacienda y libertad por hacer lo que otras naciones, los Estados Unidos inclusive, honran con los suyos. No debemos esperar a que, como ocurrió con el Grito de Lares de 1868, cese el régimen colonial de turno para entonces, y sólo entonces, brindar el debido homenaje. La memoria de los caídos, los sobrevivientes, y nuestra propia conciencia colectiva, así lo requieren.
El “efecto Medusa”
Los eventos que vive el País en estos días son de tal magnitud e importancia, que compelen a abordarlos de inmediato y sin necesidad de esperar por “el juicio de la historia”. El reciente arresto del poderoso senador Jorge de Castro Font se convierte en un indicio adicional del asombroso parecido entre la política puertorriqueña... y la mitología griega. Vamos a explorar el “efecto Medusa”.
En términos muy simples, la mitología griega narraba y explicaba el gobierno y el control de los dioses y otras criaturas fantásticas sobre los seres humanos. Esta no es la primera vez, por supuesto, que utilizo la mitología griega para discutir los fenómenos políticos que experimenta nuestro País. En “Entre las fauces de Cronos”, planteé que las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá era evidencia de que, igual que el mitológico dios Cronos, los Estados Unidos estaban devorando a sus propios hijos: el Partido Popular Democrático y el mito de “pacto entre pueblos” que por años ha legitimado al Estado Libre Asociado.
Medusa, como tal vez el lector recuerde, era una de esas criaturas mitológicas. Con su cabeza llena de serpientes en lugar de cabello, tenía el poder de convertir en piedra a todo aquél que la mirase a los ojos. Se trataba de una muerte instantánea.
El efecto Medusa es parte de la política puertorriqueña, en su relación con las instituciones de gobierno de los Estados Unidos, muy en particular con el Negociado Federal de Investigaciones (mejor conocido como el FBI) y la Fiscalía federal estadounidense en Puerto Rico. José Granados Navedo, Freddy Valentín Acevedo, Edison Misla Aldarondo, Nicolás Nogueras Cartagena, Aníbal Marrero Pérez, Juan Manuel (“Mane”) Cruzado Laureano, son sólo algunos de los que han mirado a Medusa y visto petrificarse sus carreras políticas, permanentemente. El lector observador se percatará que casi todos los nombrados ocuparon puestos de gran poder y prominencia, especialmente en la Asamblea Legislativa, y que casi todos fueron destacados líderes dentro del anexionismo boricua. Se percatará además de que por ese trance discurren en estos instantes Acevedo Vilá y De Castro Font, “casualmente” en un año eleccionario.
Un vistazo a los procesos instados por la Fiscalía federal y el FBI contra Acevedo Vilá y De Castro Font durante este año 2008, pone en evidencia cómo se desarrolla el efecto Medusa. Siempre se inicia con cada vez más intensos “rumores” filtrados a los medios informativos, de que tal o cual figura política está siendo “investigada por las autoridades federales”. En ocasiones, ello ha sido suficiente para petrificar la carrera de un político incumbente (Marrero Pérez, quien renunció al Senado y a la vicepresidencia de ese cuerpo, a raíz de rumores de que era sujeto de investigación), o de contribuir a la derrota de un aspirante a la gobernación (Carlos Ignacio Pesquera Morales). A los meros rumores, allanamientos o acusaciones formales por “las autoridades federales”, le siguen las rutinarias “exhortaciones” de otros políticos o figuras públicas a que las llamadas “tarjetas” de la investigación renuncien a sus carreras y se dediquen a defenderse. A su vez, las “tarjetas” luchan por salvar sus carreras políticas del efecto Medusa, proclamando su presunción de inocencia.
La clave en este drama que se repite una y otra vez, es que tanto el PPD como el Partido Nuevo Progresista se han valido de los procesos federales contra sus adversarios para avanzar sus intereses, para luego pasar a reclamar persecución política en su contra cuando son ellos los investigados o acusados. La verdad subyacente, la que no se habla, es que la clase política puertorriqueña, siguiendo el ejemplo estadounidense, históricamente se coloca en posiciones vulnerables al depender, por un lado, de grandes sumas de capital privado para financiar sus campañas políticas y, por el otro, al aprovechar en ocasiones las posiciones de poder para servirse a sí mismos.
El efecto Medusa sobre Acevedo Vilá responde no sólo a la figura del gobernador solamente, sino al PPD como institución política. Como han señalado varios analistas de la escena pública, al acusar al gobernador por cargos relacionados a la recaudación de fondos para campañas electorales, el gobierno de los Estados Unidos en efecto está, como se dice en el campo, “tirando a la yugular” del partido oficialista, al mandar un mensaje de advertencia a los contribuyentes actuales y potenciales del PPD. No es, pues, de sorprender los rumores de problemas monetarios en la campaña del PPD a pesar de que siendo el partido de gobierno, es el que usualmente tiene la ventaja en la captación de donativos de campaña. Ello tiene el efecto de privar al PPD de los recursos que necesita para hacer una campaña electoral efectiva. De Castro Font enfrenta la misma disyuntiva, mientras lucha por salvar su carrera política.
Conforme a la mitología griega, Medusa finalmente sucumbió ante la espada del héroe griego Perseo, quien logró decapitarla valiéndose de un espejo. En este punto en particular, difícilmente la política puertorriqueña coincida. La hegemonía del gobierno estadounidense ante la situación colonial que vive Puerto Rico es de tal magnitud, que es de esperarse que nuestros políticos prefieran apostar a su buena suerte, evitando en lo posible a Medusa para no ser convertidos en piedra.
En términos muy simples, la mitología griega narraba y explicaba el gobierno y el control de los dioses y otras criaturas fantásticas sobre los seres humanos. Esta no es la primera vez, por supuesto, que utilizo la mitología griega para discutir los fenómenos políticos que experimenta nuestro País. En “Entre las fauces de Cronos”, planteé que las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá era evidencia de que, igual que el mitológico dios Cronos, los Estados Unidos estaban devorando a sus propios hijos: el Partido Popular Democrático y el mito de “pacto entre pueblos” que por años ha legitimado al Estado Libre Asociado.
Medusa, como tal vez el lector recuerde, era una de esas criaturas mitológicas. Con su cabeza llena de serpientes en lugar de cabello, tenía el poder de convertir en piedra a todo aquél que la mirase a los ojos. Se trataba de una muerte instantánea.
El efecto Medusa es parte de la política puertorriqueña, en su relación con las instituciones de gobierno de los Estados Unidos, muy en particular con el Negociado Federal de Investigaciones (mejor conocido como el FBI) y la Fiscalía federal estadounidense en Puerto Rico. José Granados Navedo, Freddy Valentín Acevedo, Edison Misla Aldarondo, Nicolás Nogueras Cartagena, Aníbal Marrero Pérez, Juan Manuel (“Mane”) Cruzado Laureano, son sólo algunos de los que han mirado a Medusa y visto petrificarse sus carreras políticas, permanentemente. El lector observador se percatará que casi todos los nombrados ocuparon puestos de gran poder y prominencia, especialmente en la Asamblea Legislativa, y que casi todos fueron destacados líderes dentro del anexionismo boricua. Se percatará además de que por ese trance discurren en estos instantes Acevedo Vilá y De Castro Font, “casualmente” en un año eleccionario.
Un vistazo a los procesos instados por la Fiscalía federal y el FBI contra Acevedo Vilá y De Castro Font durante este año 2008, pone en evidencia cómo se desarrolla el efecto Medusa. Siempre se inicia con cada vez más intensos “rumores” filtrados a los medios informativos, de que tal o cual figura política está siendo “investigada por las autoridades federales”. En ocasiones, ello ha sido suficiente para petrificar la carrera de un político incumbente (Marrero Pérez, quien renunció al Senado y a la vicepresidencia de ese cuerpo, a raíz de rumores de que era sujeto de investigación), o de contribuir a la derrota de un aspirante a la gobernación (Carlos Ignacio Pesquera Morales). A los meros rumores, allanamientos o acusaciones formales por “las autoridades federales”, le siguen las rutinarias “exhortaciones” de otros políticos o figuras públicas a que las llamadas “tarjetas” de la investigación renuncien a sus carreras y se dediquen a defenderse. A su vez, las “tarjetas” luchan por salvar sus carreras políticas del efecto Medusa, proclamando su presunción de inocencia.
La clave en este drama que se repite una y otra vez, es que tanto el PPD como el Partido Nuevo Progresista se han valido de los procesos federales contra sus adversarios para avanzar sus intereses, para luego pasar a reclamar persecución política en su contra cuando son ellos los investigados o acusados. La verdad subyacente, la que no se habla, es que la clase política puertorriqueña, siguiendo el ejemplo estadounidense, históricamente se coloca en posiciones vulnerables al depender, por un lado, de grandes sumas de capital privado para financiar sus campañas políticas y, por el otro, al aprovechar en ocasiones las posiciones de poder para servirse a sí mismos.
El efecto Medusa sobre Acevedo Vilá responde no sólo a la figura del gobernador solamente, sino al PPD como institución política. Como han señalado varios analistas de la escena pública, al acusar al gobernador por cargos relacionados a la recaudación de fondos para campañas electorales, el gobierno de los Estados Unidos en efecto está, como se dice en el campo, “tirando a la yugular” del partido oficialista, al mandar un mensaje de advertencia a los contribuyentes actuales y potenciales del PPD. No es, pues, de sorprender los rumores de problemas monetarios en la campaña del PPD a pesar de que siendo el partido de gobierno, es el que usualmente tiene la ventaja en la captación de donativos de campaña. Ello tiene el efecto de privar al PPD de los recursos que necesita para hacer una campaña electoral efectiva. De Castro Font enfrenta la misma disyuntiva, mientras lucha por salvar su carrera política.
Conforme a la mitología griega, Medusa finalmente sucumbió ante la espada del héroe griego Perseo, quien logró decapitarla valiéndose de un espejo. En este punto en particular, difícilmente la política puertorriqueña coincida. La hegemonía del gobierno estadounidense ante la situación colonial que vive Puerto Rico es de tal magnitud, que es de esperarse que nuestros políticos prefieran apostar a su buena suerte, evitando en lo posible a Medusa para no ser convertidos en piedra.
“...in the nature of a compact...”
Conforme a la visión tradicional, la asociación del “estado libre” puertorriqueño a los Estados Unidos estaba definida por tres “pilares”, a saber: “defensa, ciudadanía y mercado común”. En tiempos recientes, sin embargo, la solidez de esos “pilares” ya no es tan cierta ni aceptada. En realidad, son otros tres los verdaderos pilares de la relación de nuestro País con los Estados Unidos, de los cuales dos ya fueron discutidos en columnas anteriores. Hoy veremos el tercero.
El primer pilar lo hincaron en terreno firme los representantes del Presidente de los Estados Unidos en 1899, con la incorporación de una oración en el artículo noveno del aún vigente Tratado de París con España. Según la misma, “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”.
El segundo lo construyó el sistema judicial estadounidense por vía de los llamados “Casos Insulares” entre 1901 y 1922, al inventar el concepto de “territorio no incorporado”, diseñado específicamente para “definir” a Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. Conforme a este segundo pilar, el territorio de nuestro País la pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de esa nación. Por motivo de la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense en cuanto a los llamados “enemigos combatientes” presos en Guantánamo, sabemos que ese pilar también está sólido.
El tercero, eregido en 1950, es el objeto de esta columna, a la cual presta su título. De los tres verdaderos pilares, es quizás el menos conocido, y ciertamente el más perverso.
A raíz del triunfo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, dos fenómenos estrechamente entrelazados comenzaron a tomar forma a finales de la década de 1940. Por un lado, la llamada “Guerra Fría” que enfrentó a los Estados Unidos con la hoy extinta Unión Soviética. Por el otro, el proceso de descolonización mediante el cual las potencias coloniales, al menos en apariencia, comenzaron a desmantelar sus controles sobre los pueblos que tenían sometidos bajo su dominio. Ambas fuerzas influyeron sobre la creación de lo que hoy conocemos como el Estado Libre Asociado. La primera, al acentuar el valor estratégico-militar del País. La otra, al crear la necesidad de “descolonizarnos”, debido a la embarazosa situación para los Estados Unidos de tener que rendir informes periódicos a la ONU sobre la situación colonial de Puerto Rico.
Este proceso histórico matizado por el acontecer mundial, culminó con la proclamación del ELA el 25 de julio de 1952. Esa fecha, que es objeto de anual conmemoración por más de una razón, no es quizás la más significativa en términos de nuestra presente condición de sumisión a los Estados Unidos. Esa distinción le cabría más bien al 3 de julio de 1950.
Ese día, el Presidente Harry S. Truman firmó la Ley 600, autorizando al Pueblo de Puerto Rico, “con el carácter de un convenio” (“in the nature of a compact”), a redactar su propia Constitución. La Ley 600, en contraste con su importancia histórica, es una pieza legislativa muy sencilla que consta apenas de 6 artículos de corta extensión. Conforme a la tradicional teoría estadolibrista, el llamado “pacto entre pueblos” que ha justificado la existencia del ELA, tuvo su génesis en esa pieza legislativa. Su lenguaje, y el historial legislativo que condujo a su aprobación por el Congreso, deja sin embargo pocas dudas en torno a quién retenía el poder.
En términos simples, la Ley 600 dispuso que Puerto Rico podría convocar una asamblea para redactar una constitución que debería tener una forma republicana de gobierno y una carta de derechos. Estableció además que esa constitución no podría ser contraria a la propia Ley 600 y a la Constitución de los Estados Unidos, y que la Ley Jones de 1917 permanecería vigente en sus partes más importantes, transformada en lo que hoy en día conocemos como la Ley de Relaciones Federales. Por ende, la Ley 600 le impuso condiciones a lo que los puertorriqueños podíamos hacer, al punto de que el Congreso eliminó de nuestra Constitución la sección 20 de nuestra Carta de Derechos.
En sus testimonios ante el Congreso a favor de la aprobación de la Ley 600, el liderato del PPD se encargó de disipar cualquier duda en cuanto a que dicho cuerpo legislativo retenía absoluta autoridad para modificar la relación entre ambos países “si los puertorriqueños se volviesen locos”, como afirmó ante el Congreso el propio Luis Muñoz Marín. Gracias a la colaboración del liderato del PPD, los Estados Unidos solicitaron exitosamente de la ONU el retiro de Puerto Rico de la lista de territorios coloniales, por haber entrado en una relación “con el carácter de un convenio”.
Una cosa es un convenio; otra muy distinta es algo “con el carácter de un convenio”. Lo primero es un pacto real; lo segundo es algo que parece ser un pacto, porque lo imita, pero no lo es. Es la diferencia entre la sustancia y la forma; entre la realidad y la mera apariencia; entre la honestidad y la hipocresía. Contrario a los dos anteriores, se trata de un “pilar” en el cual colaboraron los Estados Unidos y el PPD, con plena conciencia de lo que hacían. En ello estriba su perversidad.
Es por eso mismo que resulta difícil aceptar que, a estas alturas de la Historia, el PPD reclame ante la ONU haber sido inducido a creer por los Estados Unidos que la relación entre ambos países sí cambió en 1952. Por más vehemencia con que se exprese, eso no pasa de ser una afirmación con el carácter de una verdad.
El primer pilar lo hincaron en terreno firme los representantes del Presidente de los Estados Unidos en 1899, con la incorporación de una oración en el artículo noveno del aún vigente Tratado de París con España. Según la misma, “los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”.
El segundo lo construyó el sistema judicial estadounidense por vía de los llamados “Casos Insulares” entre 1901 y 1922, al inventar el concepto de “territorio no incorporado”, diseñado específicamente para “definir” a Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos. Conforme a este segundo pilar, el territorio de nuestro País la pertenece a los Estados Unidos, pero no es parte de esa nación. Por motivo de la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense en cuanto a los llamados “enemigos combatientes” presos en Guantánamo, sabemos que ese pilar también está sólido.
El tercero, eregido en 1950, es el objeto de esta columna, a la cual presta su título. De los tres verdaderos pilares, es quizás el menos conocido, y ciertamente el más perverso.
A raíz del triunfo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, dos fenómenos estrechamente entrelazados comenzaron a tomar forma a finales de la década de 1940. Por un lado, la llamada “Guerra Fría” que enfrentó a los Estados Unidos con la hoy extinta Unión Soviética. Por el otro, el proceso de descolonización mediante el cual las potencias coloniales, al menos en apariencia, comenzaron a desmantelar sus controles sobre los pueblos que tenían sometidos bajo su dominio. Ambas fuerzas influyeron sobre la creación de lo que hoy conocemos como el Estado Libre Asociado. La primera, al acentuar el valor estratégico-militar del País. La otra, al crear la necesidad de “descolonizarnos”, debido a la embarazosa situación para los Estados Unidos de tener que rendir informes periódicos a la ONU sobre la situación colonial de Puerto Rico.
Este proceso histórico matizado por el acontecer mundial, culminó con la proclamación del ELA el 25 de julio de 1952. Esa fecha, que es objeto de anual conmemoración por más de una razón, no es quizás la más significativa en términos de nuestra presente condición de sumisión a los Estados Unidos. Esa distinción le cabría más bien al 3 de julio de 1950.
Ese día, el Presidente Harry S. Truman firmó la Ley 600, autorizando al Pueblo de Puerto Rico, “con el carácter de un convenio” (“in the nature of a compact”), a redactar su propia Constitución. La Ley 600, en contraste con su importancia histórica, es una pieza legislativa muy sencilla que consta apenas de 6 artículos de corta extensión. Conforme a la tradicional teoría estadolibrista, el llamado “pacto entre pueblos” que ha justificado la existencia del ELA, tuvo su génesis en esa pieza legislativa. Su lenguaje, y el historial legislativo que condujo a su aprobación por el Congreso, deja sin embargo pocas dudas en torno a quién retenía el poder.
En términos simples, la Ley 600 dispuso que Puerto Rico podría convocar una asamblea para redactar una constitución que debería tener una forma republicana de gobierno y una carta de derechos. Estableció además que esa constitución no podría ser contraria a la propia Ley 600 y a la Constitución de los Estados Unidos, y que la Ley Jones de 1917 permanecería vigente en sus partes más importantes, transformada en lo que hoy en día conocemos como la Ley de Relaciones Federales. Por ende, la Ley 600 le impuso condiciones a lo que los puertorriqueños podíamos hacer, al punto de que el Congreso eliminó de nuestra Constitución la sección 20 de nuestra Carta de Derechos.
En sus testimonios ante el Congreso a favor de la aprobación de la Ley 600, el liderato del PPD se encargó de disipar cualquier duda en cuanto a que dicho cuerpo legislativo retenía absoluta autoridad para modificar la relación entre ambos países “si los puertorriqueños se volviesen locos”, como afirmó ante el Congreso el propio Luis Muñoz Marín. Gracias a la colaboración del liderato del PPD, los Estados Unidos solicitaron exitosamente de la ONU el retiro de Puerto Rico de la lista de territorios coloniales, por haber entrado en una relación “con el carácter de un convenio”.
Una cosa es un convenio; otra muy distinta es algo “con el carácter de un convenio”. Lo primero es un pacto real; lo segundo es algo que parece ser un pacto, porque lo imita, pero no lo es. Es la diferencia entre la sustancia y la forma; entre la realidad y la mera apariencia; entre la honestidad y la hipocresía. Contrario a los dos anteriores, se trata de un “pilar” en el cual colaboraron los Estados Unidos y el PPD, con plena conciencia de lo que hacían. En ello estriba su perversidad.
Es por eso mismo que resulta difícil aceptar que, a estas alturas de la Historia, el PPD reclame ante la ONU haber sido inducido a creer por los Estados Unidos que la relación entre ambos países sí cambió en 1952. Por más vehemencia con que se exprese, eso no pasa de ser una afirmación con el carácter de una verdad.
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